Muchas familias que  están solicitando  un estatus  legal en Canadá se encuentran en un limbo jurídico porque son considerados  un “asunto de seguridad nacional”.

Estas personas pueden pasar muchos años, sin que el gobierno   les decida  sobre su estatus  legal y en muchos casos después de años de espera recibir  la  orden de deportación.  

Es el caso de la señora Amparo Torres,  de nacionalidad colombiana que vive en  Ontario es  sui géneris, ella llego  a Canadá en el año 1996, huyendo de la guerra de su país. Pertenecía al grupo político Unión Patriótica,  el cual fue eliminado casi en su totalidad  por los paramilitares y narcotraficantes con el auspicio de algunos miembros del Estado.  

La señora Torres, presento su caso de solicitud de refugio el cual   fue  concedido, al poco tiempo recibió su carta de residente y en el año 2000 pidió se le concediera la nacionalidad canadiense. 

Cuando existe una solicitud de nacionalización los documentos son llevados a la Central de Inteligencia de Canadá (CSIS) quien da el visto bueno o  presenta las observaciones correspondientes, llamados “certificados de seguridad”. 

Estos “certificados de seguridad” son pruebas secretas que pueden provocar la deportación  sin  poder ser controvertidas pues no son conocidas por los inmigrantes y sus representantes. 

En un fallo reciente  la Corte Suprema decreto que estos “certificados de seguridad” no pueden ser invocados como plena prueba   para deportar a una persona.  Amparo Torres llego  a Canadá con dos hijos,   de su primer matrimonio. 

Años después contrajo  matrimonio con un profesor de la universidad de  Toronto. Su caso tomo un viraje sorprendente cuando a finales del 2008 la revista “Semana” de Colombia, publico  un reportaje “Los hijos del secretariado de las FARC” donde explicaba como millones de colombianos son expuestos a las atrocidades de la guerra, mientras  los hijos de los lideres guerrilleros estudian en el exterior. 

Dentro la lista se encontraba los hijos de Amparo Torres,   se comenta como la Sra. Torres era esposa de  Marcos Calarca  y hermana de Pablo Catatumbo,  el primero  representante internacional de este grupo guerrillero y  el segundo un jefe de amplio reconocimiento de la misma estructura armada.

Si bien es cierto que en la época de los  60 a 80 los combatientes guerrilleros eran  considerados  como sujetos de refugio, después del 2003  el gobierno canadiense  decreto que tanto guerrilla y paramilitares de Colombia   eran  terroristas internacionales. 

La señora Torres sigue su lucha jurídica pues esta a puertas de la deportación,  ella manifiesta que ella y sus hijos serían expuestos a una muerte segura. 

Sin embargo es claro que el ser residente no le dio ningún derecho y en cualquier momento  puede ser expulsada de Canadá.